Convenio Colectivo Nacional de Oficinas de Farmacia

Terminado el ejercicio 2017, vemos con preocupación cómo sigue sin resolverse el conflicto planteado sobre el Convenio Colectivo Nacional para empleados de Oficina de Farmacia, estando en estos momentos el litigio en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Se trata del XXV Convenio del sector que pactaron entre Patronal y sindicatos (UGT), sin entrar en las razones más o menos fundadas de la impugnación planteada por algunos sindicatos disconformes, lo cierto es que de momento el nuevo convenio es inaplicable, carece de la homologación de la autoridad Laboral y no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por lo que no tiene eficacia de norma de obligado cumplimiento.

convenio

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Inconstitucionalidad de la norma estatal por el cobro de Plusvalía Municipal cuando existen pérdidas

Como sabrá, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado mes de febrero en la que consideraba inconstitucional que las ventas de inmuebles con pérdidas tributasen por la plusvalía municipal, esta sentencias se refería a la hacienda foral de Guipúzcoa. Dicha Sentencia dejaba el campo abierto, a la posibilidad de no tributar también en otros casos…

recorte 1.JPGEn esa sentencia quedaban ciertas lagunas sin resolver que, a nuestro entender, causaban inseguridad jurídica al contribuyente que pretendía defender su derecho, inseguridad que se extendía a los propios ayuntamientos, ya que estos tendrían que resolver los recursos conforme a Ley –no pudiendo hacerlo de otra manera en tanto que – la Ley Reguladora de Haciendas Locales Estatal- no había sido declarada Inconstitucional por la antedicha Sentencia y, por tanto, seguía en vigor.”

Incertidumbres también como la desigualdad de prescripción de la acción, entre los diferentes formas utilizadas por los ayuntamientos para liquidar el impuesto:

  • Si el contribuyente había realizado el mismo la autoliquidación : El plazo de prescripción de la acción (4 años y un mes desde que vendió).
  • Cuando al contribuyente le requería el propio Ayuntamiento, este plazo se convertía en el de un mes desde la notificación del pago del impuesto.

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