Delito fiscal en la farmacia: penas de cárcel y sanción económica

Hace unos años las farmacias parecían inmunes a las inspecciones tributarias. Sin embargo, la situación ha cambiado y mucho.

Hoy en día es muy importante ser escrupuloso en los temas de fiscalidad porque la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no obvia a las boticas en sus inspecciones. Asunto este de máxima importancia porque las consecuencias de un delito fiscal pueden conllevar penas de hasta 6 años de cárcel y pagar una sanción de 6 veces la cantidad defraudada.

carcel

¿Cómo es una inspección de Hacienda?

Si todavía nos se ha enfrentado a una inspección de Hacienda, en este artículo vamos a tratar de mostrarle algunas de las claves para intentar que salga lo más airoso posible.

En primer lugar, hay que saber que las actuaciones comienzan en la propia oficina de farmacia tras comprobar que el margen entre compras/ventas es bajo. Los inspectores pueden presentarse sin avisar, pero deberán informar al titular farmacéutico de sus obligaciones y derechos durante su actuación. Para ello, le hará entrega de un documento: “Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación”.

En principio, la investigación no se limitará al último ejercicio fiscal, sino que se estudiarán los resultados de los últimos 4 años. Por eso es muy importante conservar toda la información de, al menos, ese período.

Lo habitual es que el inspector haga acopio de la información registrada en el ordenador durante ese periodo. Para ello, el titular recibirá también un documento firmado por el delegado especial de la AEAT para poder hacerlo.

A partir de aquí, comenzará una comparación de los datos recabados con aquellos con los que cuenta la propia Agencia Tributaria.

¿Cómo puede terminar una inspección de Hacienda en la Farmacia?

La Agencia Tributaria recurre a estimaciones indirectas fundamentadas con elementos de hecho y, argumentos jurídicos. A partir de ahí, cuantifica la propuesta de regularización y, normalmente, también la sanción.

La Agencia Tributaria gradúa las sanciones de la siguiente manera:

1. Leves:
• Cuando la base de la sanción no supere 3.000€, exista o no ocultación.
• Cuando la base de la sanción supere los 3.000€ y no exista ocultación. La sanción es del 50% de la cuantía no declarada.

2. Grave:
• Cuando la base de la sanción sea superior a 3.000€ y exista ocultación. La sanción sería del 50% al 100% que se graduará atendiendo a los criterios de comisión repetida de infracciones y de perjuicio económico para Hacienda.

3. Muy Grave:
• Cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos (facturas falseadas, omisión de ingresos…).
• Dejar de ingresar cantidades retenidas o ingresos a cuenta cuando dichas cantidades superen el 50% de la base de la sanción. La sanción sería del 100% al 150%. En todos los casos se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.

Resultado de las actuaciones

Tras el resultado del estudio, caben 3 opciones:

1. Conformidad: el titular acepta la sanción y regulariza su situación. Si se da conformidad a la propuesta de liquidación, la sanción se reduce en un 30%.

2. Acuerdo: se llega a un acuerdo acerca de la cantidad que se considera que se ha defraudado. En este caso, se necesitará un aval bancario o de una sociedad de garantía recíproca o un certificado de seguro de caución que garantice el pago. En estos casos, si se procede al pago de la totalidad de la deuda acordada y de la correspondiente sanción, esta última puede reducirse en un 50%, siempre que además no se interponga recurso.

3. Disconformidad: el farmacéutico deberá presentar alegaciones en la sede regional de la Inspección de Hacienda en los próximos 15 días.

¿Cuándo se convierte el fraude en delito?

En primer lugar, para que las actuaciones deban ser consideradas como delito fiscal, el fraude debe exceder los 120.000 euros.

Por otro lado, debe existir una actitud consciente de fraude, es decir, la conducta debe ser intencionada.

En los casos más graves, el delito fiscal puede conllevar penas de hasta 6 años de prisión. A esto se sumaría una sanción que podría llegar a multiplicar por 6 la cantidad defraudada a lo que habría que sumarle los intereses.

A esto se sumaría la imposibilidad de ser beneficiario de subvenciones o ayudas públicas o gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un período de hasta 6 años.

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