Inconstitucionalidad de la norma estatal por el cobro de Plusvalía Municipal cuando existen pérdidas

Como sabrá, el Tribunal Constitucional dictó sentencia el pasado mes de febrero en la que consideraba inconstitucional que las ventas de inmuebles con pérdidas tributasen por la plusvalía municipal, esta sentencias se refería a la hacienda foral de Guipúzcoa. Dicha Sentencia dejaba el campo abierto, a la posibilidad de no tributar también en otros casos…

recorte 1.JPGEn esa sentencia quedaban ciertas lagunas sin resolver que, a nuestro entender, causaban inseguridad jurídica al contribuyente que pretendía defender su derecho, inseguridad que se extendía a los propios ayuntamientos, ya que estos tendrían que resolver los recursos conforme a Ley –no pudiendo hacerlo de otra manera en tanto que – la Ley Reguladora de Haciendas Locales Estatal- no había sido declarada Inconstitucional por la antedicha Sentencia y, por tanto, seguía en vigor.”

Incertidumbres también como la desigualdad de prescripción de la acción, entre los diferentes formas utilizadas por los ayuntamientos para liquidar el impuesto:

  • Si el contribuyente había realizado el mismo la autoliquidación : El plazo de prescripción de la acción (4 años y un mes desde que vendió).
  • Cuando al contribuyente le requería el propio Ayuntamiento, este plazo se convertía en el de un mes desde la notificación del pago del impuesto.

Por estas dudas y algunas otras, estábamos pendientes de la sentencia que se pronunciase sobre la inconstitucionalidad de la norma Estatal que regulaba las Haciendas Locales, las cuales son las que definen como y cuanto es el tributo, popularmente llamado “Plusvalía Municipal” tributo que como saben, graba las transmisiones de inmuebles por parte de los ayuntamientos, se supone, por la generación de una plusvalía debida a esa transmisión, aunque la realidad, no siempre es una plusvalía y en muchas ocasiones (sobre todo en estos años de crisis) supone más bien perdida, y esto, es el “Quid” de la cuestión. Por todo esto, esperábamos esta nueva sentencia que por fin ha llegado, pero, no se vengan arriba, a continuación verán, que aún quedan muchas cuestiones por resolver.

recorteComo decimos llega por fin, el ansiado pronunciamiento de nuestro más alto tribunal que confirma que “nadie deberá pagar el impuesto de la plusvalía municipal cuando haya vendido un inmueble a pérdidas.

Así lo ha dictaminado el pasado 11 de mayo, aunque su vigencia no tendrá lugar hasta la publicación de la misma en el BOE, aspecto este que calculan los expertos será de aquí a dos, tres semanas, como ocurrió con su precedente la sentencia Vasca.

Hasta ahora, la inmensa mayoría de los ayuntamientos de toda España han seguido girando dicho impuesto a miles de contribuyentes que habían vendido su inmueble a pérdidas a la espera de este fallo, que ahora ya sí, tiene alcance nacional. Y una vez se publique habremos de esperar a que el Gobierno modifique la ley adaptándola a la nueva sentencia.

Pues así reza la sentencia del Tribunal Constitucional. “A partir de la publicación de la sentencia, corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

¿Podemos ya liquidar y no pagar en caso de pérdidas?

Como decimos, la sentencia aún no está publicada formalmente en el BOE, por lo que hasta que esto no ocurra, no desplegara sus efectos.

Por esto, lo aconsejable es que, pague y luego reclame, de lo contrario, se arriesga a que la administración le imponga algún tipo de sanción o recargo, recordemos que los Ayuntamientos, deben seguir aplicando la norma hasta que esta sea derogada por otra formalmente.

Así es, aun cuando sea publicada la sentencia en el BOE, será necesario se dicte otra normativa que sustituya a la actual, como en el caso de la Sentencia de Guipúzcoa, en la que se aprobó un decreto foral-Norma 2/2017,  de aplicación que derogo la norma anterior.

En el caso vasco, sólo las liquidaciones que no habían adquirido firmeza antes de la publicación de la normativa de aplicación nueva en el país vasco podrán beneficiarse de la resolución de inconstitucionalidad de la sentencia Vasca.

Volviendo a la Sentencia de inconstitucionalidad a nivel Nacional… ¿cómo debe actuar el contribuyente, en tanto no salga la nueva Sentencia de manera oficial y se establezca una nueva norma que sustituya a la antigua?

Respecto a las ventas futuras, Si está pensando en intervenir en la venta de un inmueble en la que se va a generar una pérdida, actúe de la siguiente forma:

recorte1.JPG

• Si en su municipio se ha establecido un sistema de comunicación (es el Ayuntamiento quien liquida el impuesto y reclama el pago), comunique la transmisión, pero acredite las pérdidas (por ejemplo, con la propia escritura de compraventa y una tasación) y alegue que no debe tributar. Si el Ayuntamiento igualmente le exige el pago, recurra.

• Si en su municipio el impuesto se recauda con autoliquidación, preséntela con cuota cero. La opción como decíamos más arriba es pagar e impugnar la autoliquidación solicitando la devolución de ingresos indebidos.

Respecto a las ventas pasadas. Si en los últimos cuatro años y un mes (dentro del plazo de prescripción), esto es, del 2013, en adelante ha vendido un inmueble con pérdidas y autoliquidó dicho impuesto, presente una solicitud de devolución de ingresos indebidos.

¡Ojo! Si fue el Ayuntamiento quien liquidó la plusvalía y dicha liquidación ya es firme, no podrá reclamar: SALVO que en su día impugnará la liquidación y hubiera obtenido una sentencia firme en contra que le obligaba a satisfacerla.

Y, ¿qué se hace respecto a otros supuestos como la donación o herencia?

Aunque hay que estar a la espera de la legislación aplicable a partir de la publicación de la sentencia, pues nada se especifica en la misma.

Entendemos que también son recurribles estos casos en base a que conculcan, el principio constitucional de capacidad de pago (la plusvalía debe ser proporcional al aumento de valor de los inmuebles) ni del principio constitucional de no confiscatoriedad (la tributación no puede superar la propia ganancia obtenida).

Así pues, se abre la posibilidad a reclamar en todos aquellos casos en los que se incumplan dichos principios.

¿Qué pasa con la ganancia reducida?

Todavía habrá que esperar, pues el Constitucional no se ha pronunciado, entendemos será defendible reclamar la devolución en aquellas ventas en las que el aumento de valor haya sido mínimo y en las que el importe de la plusvalía municipal supere la propia ganancia obtenida.

En estos casos podría ser recomendable exigir la devolución de la diferencia, alegando que se está vulnerando el principio de no confiscatoriedad. De este modo, si vende un local con una ganancia de 5.000 € y debe pagar 10.000 € de plusvalía municipal, exija que como mínimo le devuelvan 5.000€.

recorte2¿Quién ha de probar que se vende el inmueble con pérdidas?

Respecto a la prueba dice la sentencia, que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, por tanto, será el ciudadano quien deba seguir demostrando que la transacción le ha generado pérdidas.

¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que no puedan impugnar y solicitar la devolución de ingresos indebidos?

Para los casos en el que las liquidaciones han sido giradas por el propio ayuntamiento y no han sido recurridas en el plazo de un mes y por tanto devenidas firmes, algunos expertos están considerando la posibilidad de solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado.

En ese caso, el camino a seguir está aún por explorar, dicha reclamación consistiría en iniciar un procedimiento indemnizatorio frente al Estado como consecuencia de la inconstitucionalidad de la norma. Apuntan los expertos que esta vía sería posible cuando el sujeto pasivo haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la liquidación o autoliquidación de la plusvalía municipal, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

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